

En respuesta al creciente número de ciberataques y a la necesidad de fortalecer la seguridad digital, España ha avanzado en la implementación de la Directiva NIS 2 de ciberseguridad. Esta directiva, publicada en diciembre de 2022, establece medidas para asegurar un alto nivel de ciberseguridad en la Unión Europea, con un plazo de transposición para los Estados miembros hasta octubre de 2024. Ante la falta de cumplimiento, la Comisión Europea inició procedimientos de infracción contra España y otros 22 Estados.
El 14 de enero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que define las entidades sujetas, evaluaciones de riesgos y requisitos para notificar incidentes. Este proyecto también establece la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad. La urgencia en su tramitación busca evitar sanciones económicas y resolver la incertidumbre normativa para las empresas afectadas.
La Directiva NIS 2 amplía el alcance de las medidas de ciberseguridad, incluyendo sectores como la energía, el transporte, la salud y las infraestructuras digitales. Las empresas que operan en estos ámbitos deberán implementar sistemas de gestión de riesgos y notificar incidentes significativos a las autoridades competentes. Además, se establecen sanciones para aquellas entidades que no cumplan con las obligaciones establecidas.
La implementación de esta directiva es un paso crucial para fortalecer la resiliencia cibernética de España y proteger tanto a las organizaciones como a los ciudadanos frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas. Se espera que, con estas medidas, el país mejore su capacidad de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, alineándose con los estándares europeos y contribuyendo a un entorno digital más seguro.